En Ceuta se ha configurado un campamento improvisado de mujeres y niñas que han llegado huyendo de situaciones de violencia machista, matrimonios forzados y abusos sexuales. Muchas de estas menores han cruzado la frontera solas. En ausencia de una respuesta estatal adecuada, estas mujeres y niñas se protegen mutuamente, con el apoyo de la vecindad y organizaciones locales, mientras aguardan una protección que corresponde al Estado.
Paralelamente, se registran agresiones sexuales de forma reiterada. Las denuncias se acumulan casi a diario y entre las víctimas figuran menores de edad. En uno de los casos más recientes, tres personas fueron sorprendidas cuando presuntamente intentaban agredir sexualmente a una niña de diez años. Este hecho no puede considerarse un episodio aislado ni un efecto colateral de la gestión migratoria.
La situación debería constituirse como una emergencia feminista. No se trata de una cuestión secundaria dentro de la política de fronteras ni de un problema que pueda diluirse entre competencias administrativas. Una mujer que huye del terrorismo machista no debería encontrarse, al llegar a territorio español, nuevamente expuesta a más violencia. Una niña no debería permanecer a la intemperie, vulnerable a la agresión sexual.
Sin embargo, esto es precisamente lo que está ocurriendo. El Gobierno, que se presenta como el más feminista de la historia reciente, mantiene una presencia prácticamente nula ante esta emergencia. Y, en medio de todo esto, el Ministerio de Igualdad habla de puntos morados. Resulta difícil imaginar una respuesta más alejada de la realidad que están viviendo estas mujeres y estas niñas. Cuando hay mujeres y niñas expuestas a la violencia sexual, hablar de puntos morados no es solo un gesto vacío, sino una bofetada ante una urgencia que exige protección efectiva, alojamiento seguro y garantía de derechos.
El silencio o la tibieza de quienes se jactan de ser fuerzas políticas feministas resulta igualmente elocuente. Sumar, Podemos, Izquierda Unida y el PSOE llevan años haciendo gala de tener en el feminismo una de sus principales señas de identidad política. Pero ante las mujeres y niñas de Ceuta vuelven a ponerse de perfil. Es una manifestación más de algo que ya conocemos: cuando el feminismo se instrumentaliza y se subordina al poder, las mujeres dejan de ser el fin y pasan a ser el medio.
Estas mujeres deberían ser acogidas como refugiadas si sus circunstancias responden a persecución o violencia por razón de sexo. El derecho de asilo no es una concesión discrecional, sino una obligación jurídica cuando concurren las circunstancias previstas para su reconocimiento. Las niñas, por su parte, requieren una protección efectiva e inmediata. No es aceptable que queden a merced de la calle ni que su seguridad dependa exclusivamente de la solidaridad vecinal o del trabajo de organizaciones no gubernamentales.
Antes de hablar de devoluciones, debería hablarse de las vidas que se están poniendo en juego. Para muchas de estas mujeres y niñas, regresar no será volver a un lugar seguro, sino enfrentarse de nuevo a las condiciones de las que han escapado. El retorno puede convertirse en un castigo y en la condena de su futuro. Por eso, la respuesta no puede ser devolverlas, sino acogerlas, protegerlas y garantizarles el derecho de asilo.
La violencia que estas mujeres y niñas han sufrido, y siguen sufriendo, no puede neutralizarse bajo la categoría genérica de «migrantes». Hacerlo supone invisibilizar el carácter sexista de la persecución y de las agresiones a las que se enfrentan. La subordinación sexual no desaparece al cruzar una frontera, se reconfigura en nuevas formas de vulnerabilidad cuando el Estado no interviene con la contundencia que la situación exige.
Estas mujeres y estas niñas necesitan protección, acogida y asilo. No pueden quedar abandonadas a su suerte ni ser devueltas a un futuro que puede volver a ponerlas en peligro. El Estado y la Comunidad Internacional que se dice garante de los Derechos Humanos, tiene la obligación de protegerlas.
Una sociedad que se proclama feminista no puede permanecer indiferente ante todo esto. Y un Gobierno que ha convertido el feminismo en una de sus principales banderas políticas vuelve a demostrar, ante estas mujeres y estas niñas, que una cosa es utilizar el feminismo como bandera y otra muy distinta defender a las mujeres cuando hacerlo no da votos, rédito ni poder.