Desde el PFAC lamentamos profundamente la muerte de 67 personas intentando cruzar la frontera entre Marruecos y Ceuta. Se trata de una situación con profundas y graves connotaciones geopolíticas pero que, como siempre sucede, pagan con su vida seres humanos, adultos y menores, utilizados en lo que algunos consideran su tablero de juego.

Lo vivido estos días no es nuevo ni es la primera vez que Marruecos utiliza a su propia gente o a migrantes de paso para presionar por sus propios intereses o los de sus aliados. Y han dejado claro que dos de sus principales aliados son Estados Unidos e Israel, a los cuales les interesa que Ceuta sea marroquí para tener un paso franco en el estrecho de Gibraltar.

Israel lleva meses amenazando a España con “consecuencias” por llamar genocidio a lo que están haciendo con el pueblo palestino. Por su parte, Estados Unidos, con Trump a la cabeza, está muy ofendido por el rechazo del gobierno de España a su guerra con Irán, y por las reticencias a aumentar el gasto militar de cara a la OTAN. Si bien la realidad de las acciones del gobierno de Sánchez muestra que estos no son más que gestos propagandísticos (la compra de armas a Israel se mantiene y España se ha comprometido con los aumentos del gasto militar), ya tenemos los ingredientes del “aviso a navegantes” que se ha producido. Pero quizás el detonante para que miles de personas se lancen a cruzar una frontera en un país totalitario en el que nada se mueve sin que lo sepa o permita su gobierno haya sido que esta misma semana el gobierno español ha reforzado su acuerdo gasístico con Argelia, el gran enemigo de Marruecos.

Dicho lo cual, cabe reclamar al gobierno la ineficacia de nuestros servicios de inteligencia, que no han sido capaces de alertar de los movimientos que se estaban produciendo en un país vecino. Y también el caos y la inseguridad en los que se ha visto envuelta la ciudadanía de Ceuta, sin medios para afrontar la entrada repentina de 60.000 personas en una ciudad de 85.000 habitantes. Así mismo, exigimos al gobierno de la nación la valentía de denunciar a los verdaderos instigadores de esta situación, en lugar de utilizar la cortina de humo de señalar a las mafias de tráfico de personas. Esto no es una crisis migratoria, sino un ataque a la soberanía nacional con intereses diferentes a los del crimen organizado.

Denunciamos también la profunda insolidaridad e hipocresía de la Unión Europea y de países como Italia, Dinamarca, Suecia o Finlandia, a quienes les ha faltado tiempo para culpar a la política migratoria española y cerrarnos sus fronteras. Con mención destacada para el gobierno de Meloni, que ha vivido movimientos migratorios mucho mayores y recibido siempre la solidaridad de nuestro país, y que además ha regularizado a lo largo de estos años más migrantes que España. Sin olvidar a Finlandia, que reclama ayuda europea para proteger sus fronteras ni a Dinamarca, a quien Trump quiere arrebatar Groenlandia. Todo esto nos muestra la farsa que supone la Unión Europea como espacio de solidaridad, cuando realmente lo que ha supuesto es una pérdida de soberanía para beneficio de las élites a este y al otro lado de nuestras fronteras.

Contemplamos con preocupación desde hace años la progresiva derechización de la Unión Europea, cuya deriva política está siendo contraria a los intereses de la ciudadanía a la que representa. Una sumisión política a los intereses de Estados Unidos e Israel que, además de ser opuesta a los Derechos Humanos y a la ética más básica, está arrastrando al continente a una recesión económica. Recesión que nunca afecta a quienes nos conducen a ella, sino a los de siempre, y especialmente a las mujeres.

Por otra parte, no esperamos nada de la derecha de nuestro país, a quien le ha faltado tiempo para ponerse del lado de Marruecos, Estados Unidos e Israel, en una muestra más de que su interés por llegar al poder está por encima de los intereses que tan ansiosamente quieren representar.

PFAC reclama una política clara de defensa de la soberanía nacional frente a las presiones de intereses extranjeros imperialistas que ponen en peligro la seguridad de la población española, especialmente de las mujeres, niñas y niños.