PFAC DENUNCIA LAS PATOLOGÍAS DE UNA SOCIEDAD AMNÉSICA Y ACONFESIONAL
Es una evidencia que la conciencia que una sociedad tiene sobre su pasado condiciona sus decisiones en el presente pero también la forma en que pretende proyectarse hacia el futuro. Esta reflexión resulta muy pertinente en un país como el nuestro que no sedistingue precisamente por la solvencia con que enfrenta su pasado reciente. La memoriademocrática constituye una asignatura pendiente no sólo para lasgeneraciones jóvenes sino para la sociedad en su conjunto. Un auténtico problema social que influye poderosamente en la salud de nuestro sistema democrático y en la ausencia de políticas públicas comprometidas con la defensa de los Derechos Humanos y los principios de justicia universal.
Si la sociedad española tuviera conocimiento y conciencia de ese pasado traumático, sabría, por ejemplo, el papel crucial que jugó la Iglesia Católica como sostén principalísimo de la dictadura franquista: un régimen que devastó nuestro país a lo largo de casi cuarenta años. La ayuda mutua entre el fascismo y el catolicismo se saldó con el ejercicio de un poder sacralizado y providencial —el del Caudillo—, aliado al de una Iglesia convertida en garante suprema de la moralidad y las costumbres, profundamente androcéntricas y misóginas, que, cual sharía, fueron impuestas a toda la sociedad.
La Iglesia católica obtuvo de Franco un verdadero botín de guerra —en pago por sus servicios a la Causa de la Cruzada— y un enorme poder material y simbólico que ha venido ejerciendo desde entonces a través del control de un auténtico subsistema educativo, del adoctrinamiento desde los púlpitos o de su intervención en todo tipo de instituciones públicas: cárceles, reformatorios, asilos, hogares de la infancia, hospitales, centros docentes, etc. Además, obtuvo importantes privilegios, como la obligatoriedad del matrimonio católico, la capacidad de censura sobre literatura, cine, etc., exenciones fiscales, monopolio del culto público, etc.
El Concordato con el Vaticano firmado en la dictadura (1953) y, ya en democracia, los Acuerdos de 1979, consolidaron y dieron legalidad a una situación de privilegio que la democracia no ha sido capaz de revertir en cincuenta años. Y no debería ser así porque en un Estado democrático —laico por definición— las religiones deberían ser un asunto estrictamente privado; el Estado garantiza y respeta su existencia pero, en modo alguno, aquellas deben interferir en la vida societaria.
La Constitución de 1978 definió nuestro país como “aconfesional” y se cuidó muy mucho de abrazar el laicismo: de ahí que la Iglesia haya seguido manteniendo —y ampliando: verbi gratia, los “conciertos educativos”— privilegios (económicos, fiscales) y generosos espacios para ejercer control sobre la sociedad civil. En España, Iglesia y Estado siguen en estrecha relación: se percibe de forma natural que nuestras vacaciones escolares estén marcadas por el calendario católico o que nuestros representantes políticos acudan en calidad de tales a todo tipo de actos y liturgias religiosas.
Por si fuera poco, es precisamente la ausencia de una definición laica del Estado, la que nos embarca en auténticos callejones sin salida; por ejemplo, cuando gobiernos supuestamente progresistas y feministas se ven abocados a practicar una suerte de disparatado igualitarismo multiconfesional en aras de garantizar no se sabe qué “derechos” religiosos.
Sin duda, esa patológica alianza entre la ignorancia del pasado y la fracasada secularización que padece y lastra la sociedad española, es la que ha hecho posible que, hace escasamente una semana, el Ayuntamiento de Zaragoza, la cuarta ciudad más poblada del Estado, gobernada por el Partido Popular con el concurso de Vox, tras eliminar los llamados “puntos violeta” gestionados por el municipio, haya establecido convenio explícito de colaboración con el Arzobispado para que “parroquias seguras” se encarguen de acoger a mujeres víctimas de violencia sexual. Un despropósito grave que ofende a la razón laica y que mercadea peligrosamente con los derechos de las mujeres…, pero que responde a una lógica que viene de lejos. Una lógica socialmente normalizada y admitida que forma parte de “un pasado que no ha pasado” y que sigue nuestro presente en demasiados ámbitos: en España la Iglesia ya no es un pilar del Estado como en la dictadura, pero sigue siendo un activo lobby político, una saneada empresa de servicios (particularmente en el sector educativo y turístico) y una institución decisiva en el campo social y asistencial.
La ocurrencia del consistorio zaragozano ha levantado justas ampollas en formaciones progresistas y medios feministas, pero tal disposición no hace sino evidenciar las conexiones, y las simpatías, que gran parte de la sociedad ha seguido manteniendo con la Iglesia, de forma consciente o no… El problema es cómo garantizar los derechos tan costosamente conseguidos de las mujeres especialmente, en este caso, de las víctimas de violencia machista.
Una vez más para el feminismo el panorama es desolador: por una parte, la derecha no sólo niega la violencia machista sino que deriva la “atención del problema” a manos de una institución misógina y, por naturaleza, patriarcal que ha venido ahormando la subordinación y sumisión de las mujeres desde su misma génesis: ¿hace falta recordar que la Iglesia católica es contraria al divorcio o al derecho al aborto? Pero es que por otra, las izquierdas parecen haber perdido la capacidad de analizar las relaciones de poder y el horizonte de la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres como medio para caminar hacia sociedades más justas.
En su lugar, tanto los socialdemócratas como las autoidentificadas izquierdas transformadoras, han abrazado presupuestos identitarios, doctrinas delirantes (que vienen a negar la opresión por razón de sexo) derivando incorrectamente Fondos del Pacto de Estado contra la violencia de género para ello y asumiendo, además, propuestas que legitiman la violencia sexual contra las mujeres y conculcan derechos humanos, como ocurre con la defensa de la regularización del sistema prostitucional, tema en el que, paradójicamente, coinciden con la Iglesia y la derecha, aunque argumentado desde la asunción del dogma liberal de la libre elección.
El feminismo y las militantes de su actual brazo político, el Partido Feministas al Congreso (PFAC), estamos emplazadas a denunciar y exigir la reversión de este tipo de iniciativas retrógradas y ataques a los derechos de las mujeres que, seguramente, cada vez serán más frecuentes en nuestros municipios y comunidades autónomas, visto el jaez de los pactos de gobierno que se van conociendo entre PP y VOX; y en ese empeño seguramente coincidiremos con otras formaciones de izquierda.
El Ayuntamiento de Zaragoza recibe una importante dotación económica procedente de los fondos del Pacto de Estado contra la violencia de género para que se realice una atención integral y especializada a las víctimas y para que esta sea prestada por profesionales con formación específica para ello. Una atención integral, no de carácter meramente asistencial, que exija el cumplimiento de los derechos fundamentales de las mujeres: este Convenio con el Arzobispado incumple claramente el Pacto de Estado contra la violencia de género, circunscrito a las competencias públicas y alejado de cualquier sesgo ideológico o
onfesión religiosa.
El Partido Feministas al Congreso (PFAC) sabe perfectamente que lo que las mujeres víctimas de la violencia machista necesitan no son parroquias (seguras o no…) sino más recursos para las asociaciones y servicios públicos comprometidos con esta tarea. Pero también sabe, por ejemplo, que el fiasco y el fraude del, de por sí depauperado Pacto de Estado, no solo ha venido de la mano de la derecha, sino también de los gobiernos PSOE-Sumar; sabe también que la sustitución de los programas de coeducación en nuestras escuelas por formas delirantes de activismo transactivista, se han realizado, en no pocas ocasiones, a cuenta de los magros fondos del citado Pacto. Y así podríamos seguir…
Desgraciadamente, en este contexto que se mueve entre el conservadurismo retrógrado y la confusión posmoprogre, resulta muy problemático proyectar en qué tipo de actuaciones se puede concretar la aplicación del Pacto de Estado contra la violencia de género y, sobre todo, calibrar cuál puede ser su eficacia real.
Es fácil oponerse a esta extravagancia “baturra” de tintes retrógrados, —sobre todo si oponerse consiste en agitar una consigna reduciendo todo a una nueva “bulla cultural”, a poder ser
con perfomance incluida. Pero es mucho más difícil oponerse conceptualizando el problema en su dimensión histórica y, en definitiva, haciendo política con perspectiva teórica feminista. En este sentido, la aportación de un partido político como Feministas al Congreso (PFAC) puede ser decisiva para reformular políticas de izquierda en beneficio de una democracia radical.
Dos reflexiones finales. Primera: el terrorismo patriarcal —cuya punta del iceberg son las asesinadas— tiene que constituir, como terrorismo que es, una cuestión de Estado de primer orden y figurar en la agenda de cualquier partido político que se postule democrático, porque se trata de una violencia extrema que amenaza el derecho a la vida y a la seguridad de la mitad de la sociedad y porque su mera existencia impacta brutalmente en la salud democrática de nuestro país. Segunda: En base a la Ley de Memoria histórica de 2022, en 2025 se iniciaron los actos conmemorativos de los 50 años de democracia, pero tanto la responsabilidad política de la Iglesia durante la dictadura como sus prebendas actuales siguen incólumes.
Necesitamos seguir luchando por un Estado laico: ni aconfesional ni, mucho menos todavía, “multiconfesional”, empezando por derogar los acuerdos con el Vaticano.
Tengamos muy claro que sólo en ese marco laicista de convivencia, será posible proteger y garantizar los derechos de mujeres y hombres y, por consiguiente, contribuir a construir una sociedad basada en la total igualdad entre los sexos. El PFAC trabajará denodadamente para que algún día lleguemos a verlo.