LA LIBERTAD SEXUAL SE DEFIENDE DESDE EL ABOLICIONISMO
Soy una mujer con ideología Feminista, soy psicóloga sanitaria, y por deontología profesional y por ética democrática, soy activista Abolicionista, y estoy afiliada en un partido político, PFAC (del que he sido su primera Secretaria General), que lo es al cien por cien, como principio ideológico troncal, y no como señuelo propagandístico.
Por eso PFAC denunció públicamente como una afrenta institucional la subvención concedida por el Ministerio de Igualdad, específicamente contando con fondos para la Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres, a una Charla-debate organizada por CATS (Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo) titulada “Las trabajadoras sexuales hablan de violencia”.
Porque quien institucionalmente dice defender la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, no puede simultáneamente blindar una de las formas de desigualdad más violentas y destructivas que existen: la actividad prostitucional.
Y en modo alguno quien dice estar en pie de guerra contra el negacionismo machista puede subvencionar actos en los que se hace gala del mismo, encubriendo la imposición de la dominación sexual masculina bajo la falsaria denominación patriarcal de “trabajo sexual”.
Claro que esta aparente esquizofrenia política entre la defensa de los derechos de las mujeres, y el colaboracionismo con las prácticas patriarcales que desde hace milenios los anulan, como digo sólo es aparente, porque lo que está reflejando es esa metaestabilidad intrínseca al modelo de dominio y hegemonía masculina patriarcal, que se ha infiltrado en todos los espacios de relación humana, y que por supuesto está bien arraigada en el espacio político.
Esa es la explicación que encuentro a los reiterados atentados al progreso democrático vinculado a los valores de la Igualdad entre los sexos, relacionados con la actividad pornoprostitucional, que tanto las posiciones progresistas como las conservadoras han estado ejecutando desde hace años, sin que ni unos ni otros se lo hayan reprochado nunca.
Y los ejemplos son numerosos:
- en 1995 el gobierno del PSOE presidido por González, despenaliza la Tercería Locativa.
- en 1997 el gobierno del PP presidido por Aznar concede la Utilidad Pública a SIDA STUDI, asociación catalana que reivindica el “trabajo sexual”.
- en 1999 el gobierno de Aznar concede la Utilidad Pública a APHDA, asociación andaluza que reivindica la prostitución como “trabajo sexual”.
- en 2011 el gobierno del PSOE presidido por Rodríguez Zapatero concede la Utilidad Pública a CATS (Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo), asociación murciana, y sobra decir qué reivindican.
- en 2013 el gobierno del PP presidido por Rajoy concede la Utilidad Pública a HETAIRA, asociación madrileña que reivindica la prostitución como “trabajo sexual”.
- en 2015 una reforma del Código Penal impusada por el gobierno de Rajoy despenaliza de facto el proxenetismo, al exigir como condiciones para su penalización dos supuestos: el primero de ellos indica que la pena será de prisión y multa para el proxeneta cuando la persona que ejerce la prostitución, aun con su consentimiento, “se encuentre en una situación de dependencia personal y económica que no le deje otra alternativa, real o aceptable, que el ejercicio de la prostitución”.
El segundo supuesto en el que se podrá aplicar la pena es cuando “se impongan para su ejercicio [de la prostitución] condiciones gravosas, desproporcionadas o abusivas”.
Aclaración: estas reformas penales están en perfecta sintonía con la aceptación de la prostitución como “trabajo sexual”, porque lo entienden como una opción más entre otras a no ser que se haya conculcado la posibilidad de elección, o se incumpla la práctica laboral estándar. Es decir, es falso que políticamente las posiciones pro “trabajo sexual” no hayan sido escuchadas, al contrario, las que como está a la vista no han sido escuchadas son las Abolicionistas, las que reclaman la demolición del modelo de supremacismo sexista que denuncia la actividad prostitucional como violencia machista.
- en 2022 el gobierno de coalición PSOE-UP aprobó la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, en la que intencionadamente fueron excluidas como violencia sexuales la actividad pornográfica y prostitucional, desoyendo las reclamaciones Abolicionistas pero atendiendo a las pro “trabajo sexual”, ya que la violencia sexual estaría presente en la explotación de la prostitución ajena, la trata con fines de explotación sexual, y en la pornografía no consentida. Además mantuvo intacta la reforma del Código Penal de Rajoy.
Así que precisamente el 2 de Junio, un día que la institucionalidad patriarcal ha conseguido colar como reivindicativo de la aceptación del sometimiento sexual femenino, pero por supuesto formateado como Día Internacional de la Trabajadora Sexual, PFAC, como partido político Feminista y por tanto comprometido verazmente con la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, denuncia la grave irresponsabilidad democrática y el enorme perjuicio que supone para la preservación de la libertad sexual, principalmente de las/os menores, el bloqueo político de la aprobación de la LOASP (Ley Orgánica Abolicionista del Sistema Prostitucional).