Cuando la vivienda deja de ser un bien constitucionalmente protegido para convertirse en una herramienta de especulación insaciable, hay necesariamente que mirar a los poderes públicos que lo han ido consintiendo -e incluso fomentando- por décadas.

Porque, desgraciadamente, la situación de Maricarmen, la anciana de 87 años en silla de ruedas, con una discapacidad del 50% a la que se ha “lanzado” a la calle es legal. Tan legal como han hecho posibles las leyes aprobadas en nuestra democracia. A pesar de que Maricarmen haya pagado, puede que no el precio, pero sí -con creces- el valor de ese piso, tras los 70 años que su familia y ella misma han pagado el alquiler. El PFAC acompaña y apoya a Maricarmen ante la fría orfandad institucional a la que se ha visto enfrentada.

En el PFAC también sabemos que no es casualidad, sino causalidad, que Maricarmen sea mujer. Y es que la feminización de la pobreza es un hecho. Porque hay demasiadas “maricármenes” que no salen en los medios pero que también son forzadas legal y judicialmente a salir de sus casas de toda la vida ¡cada día!, en un contexto en que las posibilidades de encontrar una vivienda alternativa son nulas. Mujeres que nunca han podido acceder a sueldos medio decentes que les permitieran comprar una vivienda, mientras cuidaban a mayores de los que el Estado se desentendía, especialmente en las épocas en que vivieron estas maricármenes, pero ahora también en las condiciones especulativas de la vivienda en que vive la gente joven y no tan joven.

¿Qué piensan hacer los poderes públicos, empezando por el legislativo (que hace legal el lanzamiento de las maricármenes de sus viviendas), siguiendo por el ejecutivo (que no negocia con otros partidos los decretos anti desahucio), y culminando con el poder judicial que solo pone en la balanza de la justicia la legalidad vigente, pero no el bien constitucional protegido?

En el PFAC sí sabemos lo que habría que hacer. Y por eso nuestro Ideario (págs. 44-49) propone, entre diversas medidas relacionadas, algunas que nos parecen relevantes en este caso:

• La imprescindible y urgente regularización del mercado del alquiler de forma real y efectiva, estableciendo topes de precio, sancionando la acumulación de viviendas vacías, los alquileres desorbitados y fiscalizando el impacto de las plataformas de alquiler turístico y el perjuicio que pueden suponer en toda la ciudadanía, pero especialmente en mujeres y juventud.
• Expropiar la vivienda acumulada por fondos buitre y los grandes propietarios especuladores, con el objetivo de que esas viviendas nutran el parque de vivienda pública en alquiler.

Por otra parte, si los poderes públicos establecen un salario mínimo, la vivienda -que es un bien básico protegido constitucionalmente- debería poder pagar un alquiler con dicho salario y, por supuesto, con la pensión de jubilación en su caso. Sabemos que eso no es así. ¿Cómo entonces, piensan garantizar esos mismos poderes públicos el derecho a la vivienda a quien no la tiene?

Porque asistimos a lo contrario: mientras se limitan cada vez más los derechos de las personas alquiladas en España, nadie limita una especulación inmobiliaria absolutamente desbocada.

Las noticias, cuando se trata de mujeres, frecuentemente omiten sus apellidos. Lo hacen para que sea más fácil olvidarnos o no reconocernos. Pero esta vez aciertan de pleno. Porque Maricarmen somos todas y todos. Porque la ciudadanía reconoce en su caso la más clamorosa injusticia. Porque si a una mujer en silla de ruedas, tras 70 años de alquiler se la expulsa de su casa, nadie en este país que no sea de la clase privilegiada, está a salvo. Y ningún partido del actual arco parlamentario está haciendo nada desde los gobiernos que dirigen para salvar a la ciudadanía del riesgo de quedarse sin techo.

Es hora de una legalidad que proteja a la mayoría social de este país. Es hora de unas normas que garanticen que a nadie se le prive de vivienda. Es hora de que la justicia sancione a quienes especulan, jugando con la vida de las personas y a quienes, desde los poderes públicos, consientan esa especulación.

Por el derecho a la vivienda: primero, las personas.