La situación creada en Ceuta es, a todas luces, un intento de desestabilización del Gobierno español y de la Unión Europea en su frontera sur, organizado por intereses y alianzas que incluyen a los EE. UU. y a Israel tanto como a Marruecos. Debería haber concitado una respuesta política unitaria y prudente como Estado, tanto como una actuación humanitaria contundente por parte de los gobiernos estatal y autonómico, con el apoyo de todos los partidos. No ha sido así.

Llevamos semanas asistiendo a una espiral de degradación, que ya ha ofrecido al mundo la peor cara de nuestro país cuando una masa violenta impidió la labor de un camión de la Cruz Roja que llevaba alimentos a las personas que los necesitaban. Es del todo inaceptable deshumanizar a personas y grupos, sea cual sea su origen, como si no existieran más de 140 personas ahogadas al intentar cruzar a nado, ni miles de personas, incluyendo un alto número de niñas, niños y adolescentes, cuyas legítimas aspiraciones de supervivencia y dignidad han sido instrumentalizadas en esa acción desestabilizadora. Nada de ello soslaya ni minimiza en ningún momento el grave impacto de esta situación en la vida de la población ceutí.

Desde el primer momento, el PFAC se ha posicionado de forma inequívoca ante esta crisis política y humanitaria. Ahora reiteramos nuestras demandas al Gobierno, al Congreso y a todos los partidos, apelando a la más elemental responsabilidad política:

• El Gobierno debe tomar medidas drásticas sobre los servicios de inteligencia del Estado, debe informar a la ciudadanía con absoluta transparencia y debe exigir a la Unión Europea el apoyo y los medios necesarios para gestionar adecuadamente la frontera sur.
• El Gobierno de España debe dejar claro al Gobierno marroquí y a sus aliados que no aceptará más vulneraciones en la gestión de fronteras como medio coercitivo para ejercer injerencias políticas.
• Todos los partidos del arco parlamentario deben estar a la altura de la gestión de esta crisis, sin manipulaciones políticas obscenas de las necesidades, el caos y la inseguridad creados en Ceuta, y deben contribuir a atajar de forma inmediata el desembarco de grupos ultras fascistas en la ciudad.
• Las autoridades locales de Ceuta, obviamente desbordadas, deben trabajar con el Gobierno del Estado y no entorpecer su labor al dictado de intereses partidistas de la derecha y la ultraderecha en la oposición.
• Debe priorizarse la atención humanitaria y la asistencia legal de las personas que siguen en Ceuta, aplicando estrictamente nuestras leyes y los tratados internacionales que regulan el asilo y el refugio, así como la inmigración irregular, con la diligencia y los medios que exige la situación de excepcionalidad creada, al servicio de la cual se deben los gobiernos de todas las comunidades autónomas.
• Es absolutamente esencial garantizar la protección total de la población menor —niñas, niños y adolescentes— y de las mujeres, inmigrantes y ceutíes, ante el alto riesgo de agresiones sexuales y, especialmente en el caso de las primeras, ante la evidencia de las que ya han tenido lugar y, en especial, ante el riesgo de captación por redes proxenetas que operan en los entornos de mayor vulnerabilidad.

Por último, reiteramos asimismo nuestro más solidario reconocimiento y apoyo a las organizaciones sociales y vecinales ceutíes, sin las cuales las gravísimas consecuencias de la entrada masiva de miles de personas desde Marruecos el pasado 30 de julio hubieran sido aún peores.